Rol profesional social como ente educador

Una reflexión que parte del artículo Conflicto educativo y cultura política en Colombia de los investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional: Martha Herrera, Alexis Pinilla y Raúl Infante contrastándolo con la actualidad de garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia.

Para sanear en cierta medida a la cultura que oriente el goce de derechos no sólo de los niños sino de todo ciudadano se debe entender como “una tarea de largo aliento que depende, en gran medida, de la educación y tardará las mismas generaciones, o tal vez más, de las que necesitó la violencia para convertirse en nuestro principal referente de regulación social.” (Herrera, Pinilla e Infante, 2001:48).

Si entendemos que la violencia no es un asunto solo de una agresión física sino que en ella se contiene la simbólica o la psicológica que emerge dentro de las familias ante la resolución inadecuada de algún conflicto, lo que desencadena situación de vulnerabilidad a los NNA tales como el abandono, el maltrato físico y/o por negligencia o el uso de sustancias psicoactivas por parte de adolescentes entre otros fenómenos podemos ver que una situación de riesgo puede tener raíz sobre una acción violenta.

¿Dónde y con quién?

Lo importante de la educación no entendiéndola como oferta exclusiva de las instituciones educativas (que hacen parte del SNBF) sino del ejercicio constante en diferentes escenarios sociales como la comunidad, el barrio, la iglesia o los grupos de interacción y referencia podemos comprender que no sólo se trata de transmitir conocimientos sino que “tiene un papel destacado en la medida en que a través de ella buena parte de la población colombiana es socializada e interioriza normas, valores y pautas de acción […] elementos relacionados con la estructuración del orden social y con la conformación de culturas políticas." (Herrera, Pinilla e Infante, 2001:43) lo que quiere decir que el NNA que se encuentra en una familia fortalece por medio de la educación su papel ante la ley.

Si algo ha caracterizado al colombiano es el constante individualismo en el que se persigue su propio beneficio por encima de los intereses de terceros; la solidaridad y la cooperación son valores que no encuentran refuerzo en la cultura debido a que el país vive en una dicotomía permanente, “oscila permanentemente entre dos tendencias: por una parte la democratización de la sociedad y la consolidación de una cultura de la tolerancia; por otra, la fragmentación de los intereses, el rechazo de toda forma de regulación institucional y la violencia.” (Herrera, Pinilla e Infante citando a Pácaut, 2001:43), por lo tanto ese carácter individualista no sólo afecta al interés colectivo sino a la manera en que se perciben las instituciones.

Educación en Derechos

Existe por lo tanto a partir de ello en un sector de la sociedad un rechazo por la intervención de las instituciones del Estado en cabeza del ICBF para la garantía de derechos al concebir esa acción como un castigo o entender la medida de protección como sancionatoria a los cuidadores de los NNA y no como una oportunidad de asumir un proceso en el que la familia debe ser vinculada con propósitos pedagógicos.

No todo conflicto conducirá a acciones violentas, incluso muchas veces el conflicto es la oportunidad para disertar y confrontar dinámicas al interior de la familia que se consideraban “correctas” para pasar a evaluarlas o modificarlas, “en síntesis, el conflicto indica una incompatibilidad de pretensiones entre dos o más actores.”(Herrera, Pinilla e Infante, 2001:44) y no necesariamente un problema irremediable.

Cuando las familias acuden a los servicios del Estado frente a la protección de los derechos de los NNA generalmente llegan con la idea negativa de lo que es el conflicto: un elemento perturbador, malicioso y que afecta la dinámica familiar y acuden a profesionales en búsqueda de eliminarlo o que por medio de un proceso puedan controlarlo. Esta idea de conflicto negativo lo desarrolla Uprimny citado por Herrera, Pinilla e Infante (2001) y también desarrollan el aspecto positivo, que en términos del problema social analizado debe abordarse por parte de los profesionales que atienden a las familias, esto es, en la consideración que el conflicto es movilizador, dinamizador que fortalece la estructura interna.

Partiendo entonces del principio que los NNA tienen derecho a una familia y no ser separado de ella, los Procesos Administrativos de Restablecimiento de Derechos deben partir de ese conflicto que existe en las familias en un abordaje psicosocial para abordarlo como indica Fisas citado por Herrera, Pinilla e Infante (2001)“concienciar [sic] y capacitar a las personas que están implicadas en la búsqueda de salidas, a través del reforzamiento de su confianza y en la practica del dialogo” (pp. 46).

Con toda claridad, esto también del papel y del compromiso que asuman las familias para la participación de los espacios educativos que se entablan con ese fin. En ese aspecto la Constitución de 1991 entregó herramientas de comprensión y resolución de conflictos en el marco del Estado Social de Derecho para una sociedad que históricamente se ha desarrollado en medio de la violencia con todas sus transformaciones a nivel nacional, permeando a nivel familiar y también encontrando en ella cabida para la resolución violenta de conflictos dentro de sus miembros.

Para el profesional que desea incursionar en esta resolución pacífica de conflictos en el entorno familiar deberá además entender el abordaje de los diferentes escenarios tanto en ámbitos conciliatorios, como de amigable composición con un tercero facultado el arreglo directo, en donde los actores dirimen directamente (Cámara de Comercio de Bogotá citado por Herrera, Pinilla e Infante, 2001:47)

_______________________

REFERENCIAS

El artículo referenciado, fue realizado por los investigadores de la Universidad Pedagógica Nacional: Martha Cecilia Herrera (Doctora en Filosofía e Historia de la Educación), Alexis Pinilla Díaz (Magíster en Historia de la Educación) y Raúl Infante Acevedo (Licenciado en Ciencias Sociales con estudios de Maestría en Educación Comunitaria)

Herrera, M., Pinilla Díaz, A. e Infante Acevedo, R. (2001). Conflicto Educativo y cultura política en Colombia. Nómadas, [en línea] (15), pp.40-49. Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=105117927004 [Visitado 1 Mayo 2017].