Style5[OneRight]

Style2

Style3[OneLeft]

Style3[OneRight]

Style5[OneLeft]

Movimientos sociales, acción colectiva y Participación Social

Posted by: Samuel Ortiz Posted date: 2:16 p.m. / comment : 0 ,

Movimientos sociales, acción colectiva y Participación Social
Por: Marcos Chinchilla

La historia de la humanidad reconoce en la libertad, la independencia, la autonomía de la persona y el derecho a la vida [1] valores fundamentales. Estos se han entremezclado con otros valores hasta conformar no solo la doctrina de los derechos humanos, sino su misma práctica y constante defensa.

Las guerras contra los imperios, las luchas sociales por la independencia, la revolución francesa, las revueltas sociales, las luchas de l@s trabajador@s y el esfuerzo sostenido de diversos grupos por abolir la esclavitud entre tantas otras acciones políticas, son una clara muestra tanto del deseo de emancipación como por exigir el respeto de los derechos humanos de la persona.

Este esfuerzo emancipador tiene una de sus principales expresiones en la modernidad, periodo histórico en que se plantea incluso la emancipación del ser humano en relación a un conjunto de tradiciones y valores sociales que le ataban al oscurantismo, los mitos y la metafísica. La libertad del ser humano se daría en función del dominio de la naturaleza por medio de la racionalidad científica. La ciencia permitiría superar el irracionalismo y la ignorancia, fomentando así la ansiada libertad del ser humano (Rozas, 1988).

Durante este periodo histórico de la humanidad también surge el Estado, entendido éste como la estructura de organización funcional y política, de representación social, y particularmente, de organización social que articula y perpetúa un modelo de producción económica sobre la que se descansa la sociedad.

En el caso particular de las sociedades occidentales, el Estado Capitalista viene no solo a organizar la producción económica, sino también a garantizar y legitimar este modelo económico.

El capitalismo logra reproducirse desarrollando un conjunto de relaciones de producción que implican la explotación del trabajo (o sea, de las personas que venden su fuerza de trabajo como mano de obra) y la distribución inequitativa de la riqueza socialmente producida[2], lo que deviene en la configuración de una cuestión social[3] que genera una tensión social que históricamente en el capitalismo ha generado diferentes expresiones de enfrentamiento, participación y movilización social.

Queremos insistir que la participación y movilización social no son un fenómeno que se de exclusivamente en el capitalismo, como lo indicamos al inicio de este documento, a lo largo de la historia se han presentando múltiples expresiones sociales que hacen de la participación y movilización un medio para lograr libertad y reconocimiento de derechos (entre ellos pueden reconocerse las revueltas indígenas, las luchas de liberación de los esclavos, los enfrentamientos de de los habitantes de Cartago contra el imperio Romano). Sin embargo, en el marco del capitalismo, participación y movilización social adquieren connotaciones particulares que se asocian con la naturaleza de los grupos que la asumen y las demandas sociales que representan.

En las primeras fases del capitalismo, las mayores muestras de participación social tenían una connotación exclusivamente de lucha de clases[4]. Sin embargo, en la actualidad otras propuestas teóricas sugieren ampliar la comprensión de la participación social.

Una primera discusión la desarrolla Camacho (1987) cuando identifica en los movimientos sociales una forma de expresión de tensiones en el marco de la sociedad civil. El propósito básico de estos radica en el reconocimiento por parte del Estado de sus demandas sociales y su posterior inclusión en políticas públicas.

Los movimientos sociales son un amplio paraguas de acción social en que se enfrentan intereses hegemónicos e intereses populares, de ahí la necesidad de diferenciar entre los movimientos populares y los de la clase dominante. Para este autor, los movimientos sociales están determinados por la categoría clase social y su relación con la exigencia de un proyecto político de sociedad, el cual está diferenciado según los intereses de cada una de las clases sociales.

Propone dos clasificaciones de movimientos sociales; por un lado las clasistas y pluriclasistas[5]; por otro, los movimientos tradicionales y los nuevos movimientos sociales. Pero en general, todos los entiende como la expresión de las contradicciones del sistema capitalista que no puede atender todas las demandas de la sociedad.

La supuesta novedad de los movimientos sociales es cuestionada por Gunder y Fuentes (1989), y afirman que los nuevos movimientos realmente “no son nuevos, así tengan ciertas características que si lo son…” aunque identifican movimientos sociales que si son nuevos como los ecologistas y los pacifistas. No obstante estas condiciones, los movimientos sociales son agentes de resistencia y transformación social dada las acciones de presión y propuesta que desarrollan en el plano político, en muy pocos casos representan una genuina posición de ruptura con el sistema productivo y político

La diversidad de posibles clasificaciones teóricas sobre el origen y naturaleza de los movimientos sociales, aluden a su nivel de organicidad,  constancia política y a su capacidad de acción a lo largo del tiempo. Según esta propuesta, un movimiento se constituye como tal en la medida en que sea orgánico y tenga una duración en el tiempo. Desde esa perspectiva muchas expresiones de participación social quedan descalificadas como movimiento social dado que aparecen, desaparecen, se transforman o reaparecen sin ninguna otra condición más que la necesidad de articularse socialmente para dar respuesta a una necesidad social muy puntual. Esta situación obliga a intentar comprender las expresiones de participación social desde un marco conceptual más amplio e inclusivo.

Justamente en esa línea Garretón (2002) opta por utilizar la categoría “acción colectiva” que permite incorporar tanto las manifestaciones organizativas y reivindicativas gestadas por los movimientos sociales (sean populares o burgueses) como acciones de menor cobertura geográfica, organizativa o política que también se dan en la sociedad.

Para este autor, cada tipo societal, se corresponde con formas diferentes de participación social. Por lo menos hasta finales de los años 70 del siglo pasado, los partidos políticos y diversas organizaciones obreras o campesinas eran capaces de canalizar y atender de forma “legítima” las demandas de diversos grupos sociales. En ese sentido, estas organizaciones se constituían en una válvula que regulaba las diferentes presiones sociales y limitaba cualquier iniciativa de transformación social que resultara amenazante para el sistema.

La crisis de los 80 y el esfuerzo neoliberal por reducir el Estado de Bienestar -regulador por excelencia de esas presiones- coincide tanto con el afán por generar un sentimiento colectivo de individualidad[6], como con la deslegitimación y persecución de los sectores sociales –sindicatos y grupos campesinos- que se oponían al modelo neoliberal y el cuestionamiento[7] a la capacidad de representatividad de los partidos políticos.

En este contexto, las diferentes organizaciones sociales populares deben repensarse, reorganizarse y enfrentarse a otras manifestaciones de participación social que toman fuerza y que si bien no siempre comparten las características aludidas anteriormente a los movimientos sociales, tienen un peso importante en generar espacios reivindicativos derivado de la cuestión social.

La “acción colectiva” resulta por lo tanto no solo en un concepto más inclusivo analíticamente, reconoce que nuevos actores sociales se empoderan y generan espacios de participación ciudadana mas democráticos y con mayor presencia a nivel regional, nacional o continental. La argumentación de Hopenhayn (1988: 21) tiene plena relevancia en esta argumentación teórica: la participación social busca potenciar todas las capacidades del ser humano y generar protagonismo de la persona en tanto ser social. La participación social buscará por lo tanto fomentar condiciones para generar una participación plena en la toma de decisiones, en la construcción de proyectos personales y colectivos que generen inclusión social, igualdad y justicia. En suma, las diferentes manifestaciones de acción colectiva generan ciudadanía, se orientan al reconocimiento, respeto, promoción y disfrute pleno de los derechos que tiene la persona.

Desde la acción colectiva, los sectores populares enfrentan, cuestionan y posicionan sus intereses en contraposición con los de las clases dominantes. Esta tensión, inacabada, se traduce en espacios de participación social en la que se definen políticas públicas, se reconfiguran espacios de poder y se perpetúa la reproducción capitalista; en algunos casos, con significativos avances en materia de inclusión social y participación social.

Los aportes de estos autores no hacen más que recordarnos que sigue existiendo una preocupación social por generar condiciones de participación y exigibilidad de derechos, mismas que tienden a ampliarse en temas tan sensibles para la sobrevivencia humana -y del mismo planeta- como el medio ambiente y la ausencia de conflictos militares, ambos asociados con el modelo de producción capitalista.

_________________________________________
[1]     Sin lugar a dudas esos valores pueden resultar en extremo individualistas y hasta atomizantes del mismo ser humano. Los derechos humanos tienen un origen burgués y de ahí el acento individualista; sin embargo, el posterior desarrollo de esta doctrina reconoce que no se puede prescindir de la colectividad para potenciar el pleno disfrute de los derechos humanos, en ese sentido, el derecho a la vida no será solo existir, sino, vivir con calidad.

[2]     En su reproducción también influye el uso de la tecnología y utilización de los recursos medioambientales que son incorporados en el proceso productivo con muy bajo costo o sin costo alguno.

[3]     El tema de la cuestión social como categoría fundamental en el Trabajo Social y en la sociedad capitalista, requiere toda una discusión aparte, para mayor información puede consultarse el documento de Margarita Rozas que se encuentra en la bibliografía.

[4]     Es importante mencionar que si bien diversas luchas sociales como las indígenas también tuvieron y tienen lugar en el seno de sociedades capitalistas, estas no se dieron precisamente en función de las relaciones de explotación capitalistas.

[5]     En el primero ubica a obreros, campesinos y necesariamente a los grupos patronales; en el segundo, ubica a personas que no siempre comparten todas esas características, por ejemplo estudiantes, grupos de mujeres, ambientalistas.

[6]     El éxito, la individualidad, la competencia y la riqueza se convirtieron en valores sociales ideales en las sociedades neoliberales. Cada quien sería responsable por su seguridad, por su ingreso económico, por la atención de sus necesidades presentes y futuras. La competencia resultaba salvaje, y era necesario sobrevivir sin que importaran los demás. El sentido de colectividad se desdibujaba en la medida que el mismo Estado se reducía y transfería sus competencias sociales al sector privado. Este esquema perduró mientras algunas sociedades experimentaban una bonanza económica en la que efectivamente las personas se sentían seguras y beneficiadas por las privatizaciones y el éxito individual; sin embargo, el modelo no es sostenible y las fracturas están más que anunciadas: en diciembre del 2001 Argentina llega a la cima de una crisis social y económica que desembocó en el cambio de cinco presidentes y en una situación de pobreza y exclusión social nunca antes vista en ese país. Con el fracaso de la individualidad, resurgieron múltiples iniciativas colectivas para poder sobrevivir en la crisis.

[7]     Cuestionamiento de por si válido ya que los partidos políticos más que representar necesidades de todo el colectivo, se orientaron a aprovecharse de los procesos de privatización del patrimonio público. Era evidente la distancia entre el proyecto burgués y el proyecto popular.

Estados Unidos y España adoptan huérfanos hondureños según DINAF

Posted by: Samuel Ortiz Posted date: 5:50 p.m. / comment : 0


Algunos fueron abandonados y despreciados por sus padres biológicos, otros quedaron huérfanos o simplemente nacieron en medio de la miseria. Son varias las circunstancias que originan que decenas de niños hondureños tengan que ser cedidos a familias adoptivas. Para estos pequeñitos, la mayoría de las veces el desprecio de sus padres fue una bendición, ya que pasaron de un círculo de violencia a un espacio de amor y mejores oportunidades. 

Muchos pequeños ahora viven en Estados Unidos, Canadá, España, Italia, Francia y otros se quedaron en Honduras, pero en mejores condiciones de vida. El Programa de Consolidación Familiar de la Dirección de la Niñez, Adolescencia y Familia (Dinaf) hasta los primeros días de diciembre había dado en adopción 44 niños a 38 familias. 

Algunos han sido grupos de hermanos que quedaron solos, pero han sido dados a una sola familia, ya que la intención es que no sean separados. De los 44 pequeños, 23 fueron entregados a familias que residen en Honduras, mientras que los otros 15 fueron llevados por parejas extranjeras. Los ciudadanos de otros países que más adoptan a hondureñitos son de Estados Unidos, luego sigue España, por último Canadá y otros países de Europa. Las edades de los infantes varían desde un año hasta los 15 años, todo depende de las solicitudes y la condición psicológica del pequeñito. 

Familia Dar a un pequeño en adopción no es un proceso de un día para otro, explicó a EL HERALDO Sonia Mercadal, jefa del programa de Consolidación Familiar de la Dinaf. Lo primero es que debe existir una sentencia de declaratoria de abandono por parte de los Juzgados de la Niñez, siguiendo las etapas administrativa o judicial. Así se investiga la parte social del niño, verificando si tiene padres o si algún familiar está dispuesto a hacerse cargo de él, de lo contrario son entregados en adopción. Hay casos en la Dinaf donde la madre dice que no puede criar a su hijo por las condiciones de pobreza, por lo cual se integra a un programa de apoyo social. 

Pero hay mamás que absolutamente dicen que no quieren al niño, por diferentes circunstancias, a veces es que han sido violadas , explicó Mercadal. Son 16 requisitos que tienen que cumplir las familias interesadas en un niño, no obstante, muchos esperan por años por otras circunstancias. Unas familias quieren recién nacidos, que sea niña, niño y hasta que se parezca a ellos, pero es bien difícil porque la adopción es un derecho del niño , dijo la funcionaria. 

Los solicitantes también se someten a una serie de evaluaciones, desde socioeconómicas hasta psicológicas y médicas, para garantizar el bienestar del niño. En la actualidad, 145 familias internacionales y 52 nacionales están a la espera de poder tener la oportunidad de adoptar a un pequeñito. 

Miles de niños permanecen en centros, pero no todos están aptos para adopción, ya que el fin principal es que sean reintegrados a su familia biológica. Entre los niños que son entregados en adopción hay algunos en condiciones especiales, con enfermedades graves o parálisis. En este año que está a punto de terminar, unos seis pequeños en esta situación han sido entregados a diferentes familias, según explicaron las autoridades de la Dinaf. Las personas interesadas en un proceso de adopción deben acercarse a esta institución."


El Contrato de Prestación de Servicios: Un experimento fuera de control

Posted by: Samuel Ortiz Posted date: 7:54 p.m. / comment : 0

Una mirada a algunas disposiciones de la Ley 790 de 2002 en donde en la práctica normativa ha sido cumplida, hoy en día ha terminado en abusos y mala interpretación de la misma por parte de la gerencia (en el sector público y privado) de la misma manera en que en la película “Das Experiment” de Oliver Hirschbiegel donde se parte de un "experimento" ambicioso con resultados fatales.

Partimos de la naturaleza de las normas: por un lado el código sustantivo del trabajo que contempla en sus artículos 22 y 23 que contempla tres elementos esenciales para que exista un contrato de trabajo las cuales son actividad personal, subordinación y salario, a pesar de ello las empresas públicas y privadas exigen estos tres elementos en los contratos de prestación de servicios. La Directiva Presidencial Nº 10 del entonces mandatario, álvaro Uribe Vélez “Por ningún motivo, y bajo ninguna circunstancia, el nombramiento de funcionarios públicos puede responder a transacciones, presiones o favores de tipo político o económico”, a pesar de ello, el clientelismo político encontró en esta figura la manera de tener fortines y crédito electoral, asegurando electores a cambio de un contrato de prestación de servicios. ¿Cómo llegamos a observar este fenómeno? como lo indica Sabino por medio de la observación simple, ya que se pretende “conocer hechos o situaciones que de algún modo tienen un cierto carácter público” pues ni se da con algún partido político específico, en una región del país concreta o por cargos específicos.

Haremos énfasis en lo que sucede en el sector público pues además del desconocimiento de la norma con lo que respecta al bienestar del trabajador, se desprende el clientelismo. ¿Cómo podría un investigador abordar este problema? habrá que entender esa relación de dos partes entre candidato político y persona desempleada en la configuración del acuerdo: “en principio que otras personas comprendan esa regla y la juzgan cuando la sigue correctamente, y segundo, que no tiene sentido suponer que haya alguien capaz de establecer una norma de conducta puramente personal, si nunca tuvo alguna experiencia en la sociedad humana con sus reglas socialmente establecidas.” (Mardones y Ursúa, 1983). De esta manera el acuerdo se da en dos momentos: el primero cuando se entiende que la regla es permitida pues se cubren las necesidades (votos prometidos y empleo prometido) en medio de un juego de probabilidad en la que se espera que el político gane primero para que gane la otra parte; el segundo momento se entiende que no es un asunto personal sino que es socialmente aceptado como una manera de obtener empleo.

De la misma manera que en la película, cuando una regla que es vital se rompe, trae consigo situaciones que se salen de control. La promesa en época electoral se logra sin ninguna garantía para el interesado en el trabajo, aún cuando deba trabajar en la campaña tiene el riesgo de quedar con las manos vacías el candidato pierde, pues “Estas reglas, no son de origen individual, se forjan en un contexto social determinado (forma de vida) y tienen un carácter normativo para la conducta de las personas allí implicadas.” (Mardones y Ursúa citando a Wittgenstein, 1983), existen dos elementos que ofrece el contexto: tasa alta de desempleo y desencantamiento de la política dándole un valor de utilidad personal y no general.

Existen casos donde al suscribir el contrato de prestación de servicios con obligaciones contractuales que presentan entre líneas subordinación, el contratista debe dar un porcentaje de lo que gana al político-padrino. Además del clientelismo se constituye una figura de “vacuna” a cambio de la continuidad del contrato. Dentro de esta figura de trabajo permanecen muchos profesionales de las Ciencias Sociales, los cuales deberían sacar provecho a esta condición en la que están inmersos pues logran “experimentar en carne propia las percepciones y sensaciones de los miembros del grupo, penetrando así en la comprensión de las actitudes y los valores que intervienen en el fenómeno en estudio” (Sabino, 1992) para crear alternativas, buscar restablecer sus derechos y poner el tema en discusión pública.

Como contratista, el trabajador se enfrenta a ciertas figuras deónticas como relaciones puramente lógicas; dado el derecho al trabajo bajo esta figura, el clientelismo funciona como “un permiso positivo, el comportamiento permitido no está prohibido y, por tanto, no existe la obligación correlativa; dada una obligación, no está permitida la omisión del comportamiento obligatorio y, por consiguiente, no existe el correlativo permiso negativo, mientras que sí existe el correspondiente permiso positivo.” (Ferrajoli, 2004). A pesar que se presume que el clientelismo político no es manera lícita de obtener un cargo público y que no es ético obtener un cargo de elección popular mediante favores; las dos partes entienden como permitida la conducta justificándose a través de sus propósitos individuales; así como los guardias de la prisión en “Das Experiment” presumían que la violencia física no era ni lícita ni ética, la desarrollaron en función del propósito de mantener el orden sobre los que tenían el rol de prisioneros en un momento de crisis.

A continuación procederemos a analizar la figura de Prestación de Servicios en a través de los Cuatro modelos de configuración jurídica de la Diferencia que propone Ferraioli en su libro “Derecho y Garantías. La ley del más débil”.
  1. Indiferencia jurídica de las diferencias: La seguridad social que es responsabilidad del contratista y el cumplimiento de horario y subordinación “no se valorizan ni se desvalorizan, no se tutelan ni se reprimen, no se protegen ni se violan. Simplemente, se las ignora.” Esto produce un paradigma anarquista, en la que la ausencia no sólo de derecho sino de derechos se da por la omisión de acción del Estado y por “el juego libre y desregulado” pues no existe ninguna investigación por esta práctica tan común.
  2.  Diferenciación jurídica de las diferencias: Este modelo “se expresa en la valorización de algunas identidades y en la desvalorización de otras”, configurándose una jerarquía dentro de los que tienen derechos laborales y quienes bajo la figura de la prestación de servicios pueden ser despedidos en cualquier momento, asumen obligaciones contractuales globales en las que se puede disponer para cambios de puesto de trabajo, los cuales deben ser asumidos por el compromiso clientelista adquirido, generando en los contratistas ciertos “status discriminatorios, fuentes de exclusión y de sujeción y, a veces, de persecuciones” frente a sus derechos.
  3. Homologación jurídica de las diferencias: Para el contratista es normal que se le homologue las obligaciones con las que contraen quienes sí tienen una relación laboral como si tuvieran también un contrato de trabajo, “en el cuadro de una homologación, neutralización e integración general. Se trata de un modelo en algunos aspectos opuesto y en otros análogo al precedente”, desde lo administrativo es más sencillo y rentable no diferenciar responsabilidades entre unos y otros.
  4. Valoración jurídica de las diferencias: Este último modelo se basa en el principio normativo de igualdad en los derechos fundamentales (en este caso el trabajo). En contraste con el primer modelo garantiza la libre afirmación y desarrollo entiendo que lo diferente que resulta ser la naturaleza de su vinculación con la institución busca darle valor entregando derechos en su condición; esta valoración de la diferencia (en contraste con el segundo modelo) asume la diferencia con igual valor “prescribiendo para todas igual respeto y tratamiento” reconociendo el sentido de la propia autonomía en las relaciones con los demás (a diferencia con el tercer modelo)
Además de vulnerar los derechos en el trabajador y fomentar el clientelismo político como una desviación del sentido de la democracia en un ejercicio de mutación de una norma establecida desde el inicio, en la monografía realizada por Pérez (2011) encontramos que esta dinámica ha retardado la formación de un cuerpo profesional competente, comprometido e imparcial al servicio público pues al tratarse de “un favor” las capacidades, el perfil y la experiencia son elementos de segundo plano; por otro lado esta modalidad contractual se evidencia una inestabilidad en su continuidad lo que genera que sus funciones requieren acciones a largo plazo o constantes resultan ser incompletos sin desarrollar un sentido de pertenencia con la institución con compromiso por la misión institucional ya que el beneficio que obtiene está supeditado a un corto tiempo (o hasta que su padrino político termine su periodo de gobierno); estos dos elementos causan la inexistencia de “una coherencia entre las necesidades de la organización con la capacidad que tiene para atenderlas en el corto, mediano y largo plazo.”

Esta figura experimental de la Prestación de Servicios surge así como el Experimento de la Prisión de Stanford en 1971, en el sentido de evaluar un comportamiento, en este caso el gasto público y la reducción del desempleo para incentivar a las empresas a contratar bajo esta figura; a pesar que las reglas se dieron de manera clara y cada quien cumpliría un rol de manera voluntaria, pues ni el ciudadano está obligado a aceptar un contrato de esta naturaleza, ni las empresas a ofrecerlo; se vio como una buena oportunidad de participar mientras se estaba en la fase de revisión y socialización de la propuesta. 

En ambos casos, cuando empezó a desarrollarse el proyecto, existieron confusiones de roles que fueron manejados dentro de la norma; empresas que entendían que no podían exigir ni horario ni subordinar pero en donde se brotaba la molestia al tener un contratista al que pudiera hacer obedecer por la falta de relación laboral. Al parecer, el trabajador disponía de su tiempo cumpliendo bajo su agenda las obligaciones contractuales, hecho que empezó a molestar a la empresa y ésta necesitaba encontrar su punto de quiebre, la manera de saltar la norma y obtener ventaja. Los empresarios notaron que los índices alarmantes de desempleo era la manera perfecta de ejercer presión y de esta manera degradar la importancia del contratista al hacerlo ver imprescindible, humillándose con la amenaza de dar fin a su contrato sin pagar un peso de indemnización por ello; convirtiéndolo en “trabajador de segunda clase” sin vacaciones, prestaciones ni subsidios pero con responsabilidades de quien si las tiene.

Los intereses de ganancia por parte del sector privado y de la chequera electoral por parte de lo público, son observadas de manera tibia por quienes deberían controlar, vigilar y garantizar los derechos de los trabajadores; realizando una analogía con la película, la Dra. Jutta Grimm personifica el ministerio de Trabajo, el cual simplemente observa detrás de una pantalla dando tibias recomendaciones sin capacidad de regular cuando la situación ya está fuera de control termina participando indirectamente; el rol del Dr. Klaus Thon es asumido por la Organización Internacional del Trabajo que además de mostrarse ausente en el fenómeno, su participación es tardía sin ser de mucha ayuda. Habrá que esperar que quienes se encuentran en el equipo de los reos salgan de la caja negra y por medio de la observación y del rigor científico logren no sólo detectar el problema sino ofrecer alternativas de solución.


BIBLIOGRAFíA

Das Experiment. (2001). [película] Alemania: Oliver Hirschbiegel.

Ferrajoli, L. (2004). Derecho y Garantías. La ley del más débil. 4ta Edición. Madrid, España: Trotta.

Mardones, J. and Ursúa, N. (1983). Filosofía de las ciencias humanas y sociales. 1 Edición. Barcelona: Fontarama.

Pérez, S. (2011). Análisis de la incidencia del contrato de prestación de servicios en el funcionamiento de la Administración Pública Colombiana. Periodo 2002-2010. Monografía de Grado Presentada como requisito para optar al título de Politóloga. Universidad Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

Sabino, C. (1992). El Proceso de Investigación. 1 Edición. Buenos Aires: Lumen.

Del Reichsadler al Cóndor: Del Fascismo Alemán al Facismo Chileno

Posted by: Samuel Ortiz Posted date: 7:21 p.m. / comment : 0


La historia Latinoamericana está permeada por el hecho de asumir mucho tiempo después los procesos que se realizan en Europa; se podría ver como una oportunidad de mejorar sobre los errores realizados allí (en el entendido que ya se hizo “la prueba piloto”), lo cierto es que generalmente sucede lo contrario: no sólo importamos modelos sino que agravamos los errores ya evidenciados en los procesos europeos.

Se pretende abordar las diferencias y semejanzas entre el fascismo alemán y el fascismo chileno, éste último en el contexto de lo que se denominó “Operación Cóndor”; a la luz de los elementos constitutivos del nazismo que propone Carlos Mario Molina Betancur (Camargo,2008), bajo el interés de diferenciar esta “desviación democrática” en el antes y después de la Segunda Guerra Mundial, de la conformación de las Naciones Unidas y de las distintas Conferencias que repartieron la riqueza del mundo entre las potencias.

Determinar las causas del surgimiento del fascismo chileno nos pondrá en un plano interesante, pues a diferencia de la República de Weimar, la explotación del pueblo chileno y su malestar iniciando el siglo XX no tiene su origen en otras naciones por obligaciones impagables de algún tratado de paz, sino del caos estatal ante el enriquecimiento de la clase burguesa chilena gracias a la bonanza minera del Salitre, produciendo una guerra civil que condujo finalmente al país a conformar un “estilo de gobierno” presidencialista que adoptó la vía del autoritarismo realizando masacres obreras y entregando prebendas a los grupos económicos influyentes. (Moulian, 1997).

Dicha estrategia tan débil no duraría mucho, sus grietas empezaron a evidenciarse con la fuerza gradual que fue tomando el Frente de Acción Popular en cabeza de Salvador Allende debido no sólo al discurso que reivindicaba los derechos del trabajador sino de la incapacidad de las familias tradicionales en el poder (los Alessandri por ejemplo) de atender las necesidades de los chilenos y de limitarse a acciones populistas sin peso como la organización del Mundial de Fútbol de 1962.

A Salvador Allende le costó tres jornadas electorales llegar a la Casa de la Moneda ante esa necesidad de la sociedad chilena de “sacudirse” del conflicto interno y de la inoperancia estatal frente a la clase trabajadora. Desafortunadamente el año 1970 traía consigo un contexto complicado por la necesidad por parte de Washington de asumir control en América Latina, no podía permitirse más influencia soviética (con Cuba era suficiente) y un plan de intervención militar no iba a ser aceptada por los estadounidenses después de lo inmanejable que resultó Vietnam, por lo tanto “la Casa Blanca necesitaba incidir sobre cualquier gobierno antinorteamericano para seguir dominante en la región” (Parades, 2004). Cuando Allende llega al poder en Paraguay ya estaba Stroessner, en Bolivia Torres y en Perú Velazco Alvarado. El plan ya estaba en ejecución.

En América Latina, los cambios radicales e inmediatos contienen prácticas autoritarias y alianzas con la clase tradicional; Salvador Allende pretendió llevar su plan de gobierno con el tiempo que ya no tenía, realizó negociaciones desgastantes con los partidos tradicionales negándose a los favores políticos y prebendas. El corto tiempo no le alcanzó y Chile empezó a caer en un momento en el que “la sociedad estaba saturada por expectativas paranoicas, odios profundos, ansiedad compulsiva de una resolución, sin importar demasiado la manera. Se había desarrollado un síndrome maquiavélico” (Moulian, 1997) un terreno abonado para el golpe militar del 11 de Septiembre de 1973.

Augusto Pinochet en 1968 como Coronel del Ejército publica su libro “Geopolítica” en el capítulo tercero agota su percepción fascista sobre la influencia del factor racial y la responsabilidad del Estado a estudiar el tema, proponiendo “traer inmigrantes para que esta corriente sea favorable al estado y que ella se arraigue al territorio, mezclándose su sangre con la aborigen como un medio de mejorar el valor racial de la población” (Pinochet, 1968: 148 subrayado y negrita propias), cuando tres años antes se había realizado la firma y ratificación de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial en la ONU.

En lo que respecta al carácter antisemita el estado fascista chileno creó la Dirección de Inteligencia Nacional - DINA que en trabajo colaborativo con símil argentina la Triple A realizaron una larga lista de personas a capturar con un gran porcentaje de apellidos judíos (Paredes, 2004). Pero el trabajo de las agencias no se limitó allí sino que su importancia estuvo en la persecución, tortura y desaparición de activistas de izquierda (en concordancia a los objetivos de la Operación Cóndor). 

La estrategia chilena en dos frentes:

La imagen de la izquierda-marxista-leninista como un enemigo público que iba en contra de los valores cristianos; con el claro apoyo de la Iglesia Católica. Una figura importante fue Raúl Hasbún, un sacerdote que ocupaba un amplio tiempo en radio y televisión para dar una postura política en favor del régimen y dando argumentos de lo “anti-cristiano” que es ser comunista.

La violencia sistemática de la DINA en una manera de operar semejante a las Schutzstaffel. Un caso de ello fueron los “119 chilenos desaparecidos "aparecieron" muertos en Argentina en una lluvia de noticias falsas que hablaban de avistamientos de miristas en Tucumán o cruzando la cordillera para entrar o salir de Chile” (Paredes, 2004) en una clara manipulación de la información. El asunto tomó tanto parecido con las SS Hitlerianas que se dice que se construyeron 1.168 centros de detención públicos y privados con diferentes fines de tortura (Memoriaviva.com, 2013).

En Chile el nacionalismo no pretendió una expansión territorial (como en Alemania) sino la contención de la avanzada comunista con intereses neoliberales. La estrategia de la Junta Militar fue llevar al país a la anulación política, por lo menos en Alemania existió un único partido. Se declaró un receso de la participación política debido al supuesto daño que había provocado los partidos políticos en la historia del país y la democracia, en palabras del General César Mendoza Durán fue “Chilena, pragmática, auténtica, autoritaria” (Pinochet y sus tres generales, 1978).

Una de las acciones más importantes del fascismo chileno fue el adoctrinamiento de masas sin una inversión tan alta como la hizo Argentina con el Mundial de Fútbol de 1978; optaron por intervenir las universidades, pues para el Almirante José Toribio Merino “las universidades son el centro de educación e incubación política especialmente en los países latinos” (Pinochet y sus tres generales, 1978), se reguló el pensamiento universitario nombrando rectores con formación académico-militar castrando la posibilidad de nuevo pensamiento. Por otro lado el control social en “una estrategia de integración militar de carácter internacional [...] que tuvo por objeto erradicar de la región no sólo el campo político y cultural de la izquierda [...] sino, principalmente, a los sujetos portadores de dicha cultura: su militancia, el conjunto de hombres, mujeres y niños que se insertaban en el horizonte de sentido que dicha cultura había construido” (Victoriano Serrano, 2010).

El factor social del régimen de Pinochet se acerca al alemán en términos de la negación de la democracia pero pone su sello gestando una la política social neoliberal en términos mercado-económico como lo exponen Saavedra Vásquez y Farías Olavarría (2014); esta política neoliberal promovida por Pinochet buscó el desarrollo a través de un crecimiento de pequeños sectores económicos de la vida nacional. Estas medidas en parte son las que defienden los simpatizantes actuales de la dictadura, argumentando que la fortaleza económica que cuenta Chile hoy en día es gracias a esas medidas.

Las prácticas parecidas entre el fascismo nazi y el liderado por Augusto Pinochet contienen algunas mutaciones pero se acercan por el desarrollo de la Operación Cóndor en términos de ejercer control social con maniobras de cierta aceptación popular. La sociedad chilena tardó hasta 1989 para retornar a la democracia en un gesto indiferente (sin la violencia que desató por ejemplo el pueblo paraguayo el 03 de Febrero en contra de Stroessner). La mayoría de países después de este periodo dictatorial hicieron público su rechazo juzgando a los ex-mandatarios y revelando archivos secretos que describen la barbarie; entre tanto en Chile se ha hecho poco, las honras fúnebres de Pinochet agruparon a 60.000 personas en medio de honores militares y hasta hoy, existen activistas que defienden y agradecen a la Junta Militar el proyecto desarrollado en las dos décadas que duró la dictadura.

La reflexión que trae este fenómeno para la América Latina del siglo XXI es de una transformación de las prácticas fascistas en un nuevo contexto de globalización y era de la información. La discriminación racial aunque no es abierta si es sistemática en las acciones, lejos aún están las reivindicaciones de la lucha indígena como es el caso del conflicto del Estado chileno con los mapuche, la expulsión arbitraria de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos o el olvido estatal en zonas habitadas por indígenas como la Guajira o el Amazonas en Colombia por citar un par de ejemplos.

La práctica de segregación por ideología que dejó la Operación Cóndor aún sobrevive, quien tiene una postura de oposición es tildado bien sea de “terrorista” o de “imperialistas-conspiradores” según la corriente del gobierno de derecha en el primer caso o de izquierda en el segundo. No se queda en el calificativo sino en la excusa para ejercer persecución, violencia y desaparición.

Ahora las redes sociales permean el internet como un vehículo cómodo para el adoctrinamiento de masas donde rumores que se convierten en “tendencias” permiten la manipulación de noticias e información para desprestigiar o resaltar bondades inexistentes según sea el propósito; fenómeno que vivió Colombia en las elecciones del 2010 cuando Juan Manuel Santos gozó de ésta manipulación para desprestigiar a sus contrincantes.

El carácter socialista de los gobiernos de los distintos países latinoamericanos se caracteriza por el populismo, creando programas sociales que no buscan el crecimiento y desarrollo económico de las clases menos favorecidas sino que se limitan al asistencialismo con el ánimo de convertir beneficiarios en votantes.

De esta manera entendemos que América Latina carga aún con la herencia de las dictaduras y que aunque no se evidencian las características del fascismo en bloque, nos encontramos con hechos que brotan esporádicamente y dan a entender que no concluyó con el retorno de la democracia, sino que el apoyo que recibieron las dictaduras por parte de los grupos económicos dominantes en cada país aún permanecen intactos. En medio de todo es esperanzador vislumbrar que en los lugares donde sistemáticamente se persiguió la izquierda por medio del fascismo, los puso al inicio del siglo XXI como una opción de cambio (para bien o para mal) como los Kirchner en Argentina, Bachelet en Chile, Mujica en Uruguay, Morales en Bolivia y aunque de manera breve Lugo en Paraguay.


REFERENCIAS

Camargo, P. (2008). Introducción al estudio práctico del derecho y del estado. 1° Edición. Bogotá: Leyer.

Memoriaviva.com. (2013). Centros Detención. [online] Disponible en: http://www.memoriaviva.com/Centros/centros_de_detencion.htm [ 11 Mar. 2017].

Moulian, T. (1998). Chile actual: anatomía de un mito. 1° Edición. [Santiago, Chile]: ARCIS.

Paredes, A. (2004). La Operación Cóndor y la guerra fría. [en línea] Scielo.Org. Disponible: http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-23762004000100007&lng=es&nrm=iso [ 12 Mar. 2017].

Pincochet y sus tres generales. (1978). [documental] Instituto National de l Audiovisuel: José María Berzosa.

Pinochet, A. (1968). Geopolítica. 2da Edición. Santiago: Ed. Andrés Bello, p.148. 

Saavedra Vásquez, J. y Farías Olavarría, F. (2014) Construcción neoliberal de la política social chilena en el discurso de Pinochet. Revista Katálysis, [online] 17(1), pp.22-30. Disponible: http://www.scielo.br/pdf/rk/v17n1/a03v17n1.pdf [12 Mar. 2017].

Victoriano Serrano, F. (2010). Estado, golpes de Estado y militarización en América Latina: una reflexión histórico política. [online] Scielo.org.mx. Available at: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0187-57952010000300008 [12 Mar. 2017].

Política Pública sobre infancia: ¿Por el buen camino?

Posted by: Samuel Ortiz Posted date: 10:49 p.m. / comment : 0


Un sencillo análisis de la política pública basada en la Ley 1098 de 2006 en el marco del uso de enfoques cualitativos en el análisis de políticas públicas en Colombia propuesto por Roth Deubel, Martínez Porras, Ibáñez Parra, Arango Botero, y Valencia Arias investigadores de la Universidad Nacional

“Se entiende el análisis de políticas públicas como un estudio que posibilita recuperar la complejidad de las problemáticas sociales e institucionales en las reflexiones sobre ciclos y procesos de las mismas”. (Roth Deubel, et al, 2013)

Dentro de este estudio se debe hacer una reflexión epistemológica, teórica y metodológica sobre las normas jurídicas que atienden casos de amenaza, vulneración o inobservancia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia distando un poco de esa mirada en términos económicos en las que se formulan la mayoría de políticas públicas en Colombia a partir de un método mixto que reúna elementos cualitativos y cuantitativos.

En el análisis de la dinámica Estado-familia-cultura, tomaremos el componente del Estado dentro de la acción, pertinencia y pretensión de la ley, la cual ésta a su vez será analizada en otra triada que propone los autores en la revisión de la relación Estado-mercado-sociedad civil.

En cuanto a la relación con el mercado evidenciamos a menudo que cuando se requiere la evaluación de alguna política pública se hace en términos de “aumento de extensión de la pobreza y exclusión de grupos sociales”, lo que sirve además dar cuenta de la gestión del gobierno sólo en términos cuantitativos de desarrollo económico a través de la variedad de la cifra de la pobreza; es por ello que nos encontramos con que en estos procesos de mercantilización las políticas públicas se traducen en subsidios focalizados de carácter asistencial olvidando su carácter de ofrecer elementos de bienestar.

Este ejercicio se propone por parte de los autores como una “labor artesanal” en donde en el uso de enfoques cualitativos el analista produce argumentos evaluando pruebas, para construir a través de fuentes dispares, argumentos más informados y sofisticados que dirijan a alternativas de solución; lo que no quiere decir una verdad irrefutable sino un acercamiento a las realidades sociales en un conocimiento profundo de la realidad. Aquí es donde surge la inquietud de ¿cómo las políticas públicas en el marco de la ley 1098 de 2006 pueden ser analizadas “artesanalmente”?ya que existen en la sociedad imaginarios alrededor de la garantía de derechos sobre los NNA y de la corresponsabilidad de la misma, en donde, existe una necesidad socio-jurídica de plantear soluciones concretas para cubrir dicha necesidad en las familias colombianas.

Es por ello que el análisis de las políticas públicas en la tríada Estado-mercado-sociedad civil no es un ejercicio apartado de la triada de los corresponsables inmersos en la pregunta de investigación (Estado-familia-cultura) sino que existe una correlación pues el estado aparece en las dos, el mercado entendida como las pretensiones de un estado colombiano con el afán de dar respuesta a tratados sociales internacionales con implicaciones económicas en una dinámica capitalista y la sociedad civil quien construye la cultura a través de la familia, esto quiere decir que esta investigación debe partir de “una relación en la cual los valores de todas las partes actuantes entran a formar parte del universo de significados y afectan el conocimiento que se construye sobre la política pública” (Otálvaro y Obando, 2013).

La política pública de Infancia y Adolescencia salta a la vida pública con la característica que mencionan los autores que tiene la mayoría de políticas públicas: una intervención estatal coyuntural (porque se da como un requisito de la ONU en la Convención de los Derechos de los Niños de 1989 para los países signatarios), espontánea (si es cierto, la Ley 1098 resuelve algunos asuntos del código del menor, se da como una necesidad casi apremiante de una sociedad que cambió con la llegada del siglo XXI) y asistencial (por la falta de elementos concretos que persuadan a las familias que sólo espera programas de ayuda inmediata) la cual termina convirtiéndose en una política autoritaria, en donde, por ejemplo se vuelve rígido el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos por parte del Defensor de Familia, o donde uno de los padres en búsqueda de un castigo hacia su ex-pareja hacen uso de la misma en una dinámica donde prevalece el castigo para el adulto y no la garantía sobre el NNA perdiéndose el sentido normativo.

Es por ello que cobra importancia este tema de investigación, toda vez que la posición durante este proceso será la de entrever cómo los resultados de la misma “puede influir en la construcción y de construcción de conceptos y teorías a cerca de lo público, lo privado, la ciudadanía, la democracia y la exclusión social, entre otros”(Otálvaro y Obando, 2013). 

Este análisis además de realizarse bajo método mixto busca apoyarse mediante la sistematización de experiencias, con el fin de “recuperar las voces heterogéneas de una experiencia, reconstruir lo sucedido, ordenar la información y la interpretación crítica de lo acontecido para extraer las tensiones y aprendizajes” (Otálvaro y Obando, 2013) tomando la información gestada durante 10 años y el contexto cultural con sus elementos participativos y de relación que se han venido transformando desde 2006 hasta hoy.

Entonces, la respuesta de ¿cómo llegar a ese análisis? en el campo de la política pública que orienta la garantía de los derechos de los NNA es la de partir desde la cultura, la cual orienta las acciones de la sociedad civil como lo indica Antanas Mockus (2003) en donde las acciones entre ciudadanos están determinadas por la regulación cultural, pues en Colombia tiende más a gobernar la cultura que la ley al seguir “códigos socioculturales adquiridos implícitamente, que llevan a identificar contextos”(Roth Deubel, et al, 2013). Bajo esta mirada podemos determinar qué esperan los destinatarios (o sea las familias) sobre la política pública y de esta manera poder armonizar “Los marcos conceptuales y metodológicos utilizados o propuestos por los diversos autores involucran tanto orientaciones teóricas y filosóficas como políticas de pertenencia cultural” (Otálvaro y Obando, 2013).

Para desarrollar el análisis por medio de los significados frente a la política pública construidos socialmente, es necesario que el ejercicio investigativo se nutra de algunos elementos del funcionalismo que desarrolla Briones (1996) cuando cita al sociólogo norteamericano Thomas Merton en su marco marco conceptual que pretende poner orden, claridad teórica y metodológica en las Ciencias Sociales, entendiendo que “Los objetos sociales y culturales que pueden ser sometidos al análisis funcional” abrazando disposiciones subjetivas que lleven a su vez a entender “los conceptos de consecuencias objetivas, es decir, las funciones y disfunciones” en el contexto de la garantía de derechos, tomando a los participantes de las mismas como “unidades sociales que son afectadas por las funciones” y notar cómo responden a ellas como “mecanismos sociales mediante los cuales se ejercitan las funciones” para desarrollar conceptos “de alternativas funcionales” y preveer “obstáculos a las funciones”; si bien las políticas públicas se desarrollan en un contexto social dinámico quiere decir que se mueven en un ”concepto de dinámica y cambio” que no pueden ser ajenas a ciertos “problemas de las implicaciones ideológicas del análisis funcional” que serían insumos para dar respuesta a la pregunta inicial.




____________________
REFERENCIAS:


Briones, G. (1996). Epistemología de las ciencias sociales. 1era ed. Bogotá: Icfes ; Ascun.

Mockus, A. (2003). Cultura Ciudadana y Comunicación. [online] Universidad Jorge Tadeo Lozano. Disp: http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/publicaciones/tadeo_68/68106.pdf [ 26 Mar. 2017].

Roth Deubel, A., Martínez Porras, S., Ibáñez Parra, D., Arango Botero, D. y Valencia Arias, A. (2013). El análisis y la evaluación de las políticas públicas en la era de la participación. 1era ed. Bogotá, D.C.: Universidad Nacional de Colombia.

Bicicletas eléctricas ¿Regulación o negocio tributario?

Posted by: Samuel Ortiz Posted date: 6:49 p.m. / comment : 0

Ha tomado mucha fuerza desde el pasado febrero la controversia generada por el ministerio de transporte en cabeza de Jorge Eduardo Rojas Giraldo al expedir la Resolución 160 de 2017 que reglamenta el registro y la circulación de los vehículos automotores tipo ciclomotor, tricimoto y cuadriciclo y se dictan otras disposiciones. Una reflexión a la luz del libro "La decisión Judicial" de César Rodríguez

El problema en cuestión

Ahora bien si comprendemos que esta regulación contiene en ella reglas que “operan dentro de un esquema de "todo o nada": si se dan los hechos estipulados por una regla, o bien ésta es válida y por tanto, el resultado que prevé debe ser alcanzado en el caso concreto” (Rodríguez, 2015:49) que llevan a complejizar una opción sencilla de movilidad que tiene un ciudadano, en el caso concreto de la congestionada ciudad de Bogotá.

Es evidente que aunque necesaria la regla, avocada en el consenso (punto de vista interno) tanto como el de obligatoriedad (punto de vista externo) en el que el usuario de bicicletas impulsadas por un motor excedía la velocidad media que se espera en una cicloruta poniendo en riesgo a los peatones que comparten ese espacio en el andén; o por lo menos esa fue la preocupación que expresó el ministerio de transporte. El tema del presente artículo, lo trataré de desarrollarlo a partir de la postura de Dworkin quien hace crítica al derecho positivo tratando de unir la moral frente a lo que es el derecho y lo que debe ser el derecho no sólo para el destinatario sino para el legislador.

Esta reflexión parte por la duda que surge en la norma por el afán de la reglamentación de las motocicletas eléctricas y olvida de plano los bicitaxis. Allí, la resolución sufre “no sólo conflictos regla-regla y principio-principio, sino también conflictos regla-principio.” (Rodríguez, 2015:52).

Conflictos evidentes

Se presenta el conflicto regla-regla por no regular los bicitaxis los cuales operan en unas condiciones de seguridad que pone en riesgo quien las use.

El conflicto principio-principio pues si se está protegiendo con la restricción de motos eléctricas la seguridad de quien las usa y de los peatones, también está en contravía en los principios de sostenibilidad del ciudadano porque se trataba de una alternativa al alcance económico de un alto número de la población sin recursos para adquirir una moto (y pagar matrícula, impuesto y seguro obligatorio).

Finalmente el conflicto regla-principio en donde se interpreta que la resolución busca desestimular la adquisición de un medio económico y con un impacto al ambiente mínimo (frente a un automóvil o una motocicleta) entrando en conflicto con el principio de oportunidad de tener un transporte alternativo al ciudadano.

Estaría bien si al realizar la ponderación como lo propone Dworkin del principio que subyace a la regla pudiéramos obtener un principio que emerge con urgencia a ser validado pero lo único que se puede obtener es el de la seguridad que no logra hacer un contrapeso frente a los que a enfrentado la norma.

Aquí es donde vale la pena hacer la pregunta que se hace Dworkin “¿Sobre qué trata el contenido de ley? ¿Qué demonios hace que una ley sea cierta o falsa?”(Rodríguez, 2015:144) Al revisarla se denota que es enunciativa y carece del profundo análisis de lo que atañe el día a día de las personas que después de usar el transporte público para regresar a sus casas (generalmente en una unidad residencial) debe tomar un transporte irregular al que se conoce como “bicitaxi” el cual ya ni es bicicleta ni es taxi porque no cumple con ninguna regulación a pesar que se hacen llamar así.

Aún desde la postura de un jurista positivista esta propuesta no se entendería como una interpretación histórica de la problemática de la movilidad en Bogotá pues el hecho jurídico que la motiva (la seguridad de quienes conducen y el peatón) sino terminó en un afán por recaudar el ya cuestionado Seguro Obligatorio para Accidentes de Tránsito pues insertar este tipo de vehículos que llegan a una velocidad máxima de 40 km/h en vías donde transitan automóviles que van a 60 u 80 Km/h no brinda total seguridad.

Aquí va otra pregunta: ¿Qué otras opciones surgen para entender esta regulación? Dworkin responde este interrogante como “suponer que toda proposición jurídica polémica […] no es para nada descriptiva sino más bien expresión de lo que su vocero quisiera que la ley fuese” (Rodríguez, 2015:145) entendida como ese afán aumentar las ganancias logradas por el SOAT, matrículas e impuestos a motocicletas, extendiéndolas a las bicicletas eléctricas.

Ahora, analizaremos la resolución según la teoría interpretativa holística de Dworkin donde “toda proposición jurídica que afirme qué dice el Derecho sobre un tema determinado implica necesariamente un juicio moral” (Rodríguez, 2015:132), puesto que se descuida de plano el riesgo que existe en los bicitaxis es una premisa que se deriva donde realmente se pierde el principio de seguridad pues a diferencia de un ciudadano que se moviliza en una bicicleta eléctrica en donde él no ofrece un servicio de transporte y lo usa para beneficio propio; en el caso de los bicitaxis sería necesario obtener certificada la pericia para conducir entre calles residenciales con personas a bordo y los mínimos de seguridad que van más allá de la conducción como el tanqueo de gasolina y el uso de los tanques de los mismos que se constituyen en el riesgo de tener un líquido inflamable dentro de la carpa donde los “pasajeros” se ubican.

Así las cosas nos encontraríamos acuerdo con las dos funciones de la teoría interpretativa de Dworkin: por un lado identificamos que con referencia a sus fuentes sociales es moralmente inicuo pues se evidencia un fin económico para esta reglamentación pero el principio de seguridad suministra una fantástica justificación que se adecua a ese Derecho; “Los principios que resultan moralmente razonables, de acuerdo con los parámetros de lo que Dworking ha denominado “moral de fondo” y no sólo los más razonables desde el punto de vista moral” (132).

A manera de reflexión

Es por ello que debemos reflexionar sobre las proposiciones jurídicas y las que son utilizadas a menudo por los intereses institucionales y corporativos de unos pocos que pretenden justificarlas a trozos descriptivos de historia (contada a conveniencia) o al extremo de tomar los sucesos y evalular los hechos de manera aisladas obviando fenómenos que requieren pronta intervención del Estado que pueden terminar en tragedias más relevantes.

Es lo que propone Dworkin en cada suceso susceptible de estudio; cuando no existe claridad en su propósito ya sea porque resulte ambiguo textualmente o no vago en su estudio es que la interpretación debe ir más allá de “mostrar una obra” y debe orientarse en señalar una sub-teoría que explique la identidad del suceso así como ocurre en la literatura sin caer en el error de considerar “la mutua dependencia como algo que ofrece, en sí mismo, cualquier razón que dé cabida para hablar sobre escepticismo o relativismo en lo que concierne a la interpretación.” (157) quizá de tratarse de una norma que afectara a los estratos altos de la capital hubiera contado con una rigurosa interpretación holística para su perfeccionamiento.


Bibliografía:

Rodríguez, C. (2005). La decisión judicial. 1era ed. Bogotá: Universidad de Los Andes Fac. de derecho.

Reflexiones sobre la "Tercera Vía"

Posted by: Samuel Ortiz Posted date: 10:45 p.m. / comment : 0



El mundo siempre ha tenido en la mayoría de los campos dos tendencias, dos puntos de vista y todo es visto a blanco y negro, la excepción no es Colombia, y más cuando se trata de modelos políticos que van unidos con el desarrollo del país en economía y sociedad.

El partido liberal y el partido conservador han sido las dos fuerzas políticas más fuertes en Colombia durante el siglo pasado, pero ambos partidos por la desviación de sus ideales, la carencia de renovación y al no aceptar “sangre nueva” dentro de sus maquinarias provocó la crisis de sus gobiernos con la apertura económica dada bajo el mandato de César Gaviria, se vio la necesidad de importar otro modelo, otra vía.

Tony Blair presenta esta “tercera vía” con varios postulados interesantes pero que no pasan del papel impreso, toca puntos como la economía dinámica basada en el conocimiento, el fortalecimiento de la sociedad civl, el Buen Gobierno y la cooperación internacional. Juan Manuel Santos, economista y administrador de empresas toma el ensayo de Blair y acomoda varios puntos desde el punto de vista del Partido Liberal Colombiano, con el fin de darle segundo aire y proporcionar alternativas directas para dar un buen funcionamiento al Gobierno. 

La tercera vía ha sido fuertemente criticada a nivel mundial como en nuestro país porque para muchos “la tercera vía lleva a la primera”, otros dicen que es imposible tomar de la mano los postulados de Smith y de Marx, y otros más argumentan que la teoría de Blair no es más que palabrería porque al igual que Margaret Tatcher el continúa por la línea neoliberal al apoyar la invasión de EE.UU. a Irak. 

El trabajo social desde su reconceptualización, ha luchado incansablemente para salir del asistencialismo y el paternalismo estatal, apuntando a ayudar al individuo, al grupo o a la comunidad a empoderarse de los procesos, de las ayudas que existen. Creo que la Tercera Vía hace énfasis del papel de Estado como organizador, descentralizando las instituciones y precisa en la educación constante de la población como medio de desarrollo fundamental, y por lo tanto determina la fortaleza de la sociedad civil pero preservando las ideas neoliberales. 

Es por ello que se deben trabajar en las alternativas propuestas, creación de comités de veedores y controladores de los dineros públicos desde nivel local hasta nacional. El trabajador social debe estar generando diferentes proyectos enfocados a la preservación de la familia. Y además que es de vital importancia la constante educación en esta era de conocimiento por la que atravezamos.

La Tercera Vía tiene puntos interesantes pero no es aplicada a nuestro contexto, y es posible aplicarla siempre y cuando empecemos por lo menos a formular una Primera Vía. El empoderamiento es la Vía más eficaz para acabar con el mal que hace cada día más pobre y subdesarrollado al país: la corrupción. Es necesario dejar de buscar apoyo en teorías que provienen de otras culturas, gestadas bajo otros valores y propósitos, es de urgencia buscar alternativas que alivien nuestro contexto tomando como eje lo social.

El Estado debe ver la educación de una manera más seria, fortaleciéndola no en cantidad solamente sino en niveles de calidad, regresarle al país la calidad educativa que tenía hace unas décadas, arraigando males de tipo administrativo y social como si fueran de primera importancia.
Copyright © 2014 Trabajo Social Colombia - Blog Samuel Ortiz
⬆
Ir Arriba