Responsabilidad para Adolescentes: Retos frente la familia

El afrontamiento a la norma, las conductas delictivas y la oportunidad por parte de los adultos de tener un brazo armado económico y penalmente laxo abre la puerta para la vulneración de los adolescentes en Colombia

El presente artículo aborda de una manera integral la preocupación sobre el fenómeno de las conductas delictivas en los menores de edad; es integral porque se hace un análisis no sólo desde el punto de vista jurídico sino realizando un acercamiento con las distintas variables sociales donde se encuentra inmerso el menor infractor. 

Una de las preocupaciones que plantea el artículo escrito por el docente Camilo Villegas Rondón (Facultad de Derecho, UCMC) se encuentra en "las graves inconsistencias que presenta nuestro modelo normativo […] los menores de edad se exponen amplias contradicciones entre los textos normativos y los intereses a veces ocultos, otras obvios, pero en todo caso reales del poder político." (et.al, 2013) fenómeno que no ocurre solamente en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes sino en un gran número de normas que buscan regular ciertos comportamientos o abordar problemáticas concretas, encontrándose con una desconexión entre el legislador y el destinatario de la Ley.

Esta desconexión se debe generalmente a la necesidad de tratar de legislarlo todo con mucho afán y poco estudio, haciéndolo desde el escritorio y no desde las comunidades; se pone en evidencia esta desconexión cuando se busca la participación de sectores de la sociedad civil y no se logra consenso, como fue el caso de la legislación sobre menores de edad entre los años 1994 y 2002. 

Un aspecto importante que refleja nuestra historia legislativa, es el hecho que muchas leyes de suma importancia se crean a través de compromisos suscritos con la Comunidad Internacional y que se configuran de obligatorio cumplimiento para los signatarios, produciéndose la norma más con la necesidad de cumplir afuera, que dar solución a un problema interno.

Particularmente, la ley 1098 de 2006 se concibe a partir de las fallas que presentó el Código del Menor de 1989 frente a las necesidades psicosociales y garantía de derechos del menor infractor formulando una "propuesta pedagógica, analítica, crítica, constructiva y/o reedificadora de sujetos sociales […] para facilitar, promover y desarrollar condiciones de vida digna". (Villegas et.al, 2013); apostarle a ello es un reto que requiere además de recursos económicos, locativos y logísticos requiere una clara actividad académica y producción científica que permita transmutar la ley hacia un contexto psicosocial tomando como punto de partida a la familia en una mirada sociológica entendiendo los fines que persigue:

“Perpetuar costumbres, cultura e identidad social. 

• Reconocer y respetar la autoridad. 

• Educar en el lenguaje y en la comunicación escrita, así como el uso del diálogo y en general de la comunicación como medio de solución de conflictos [...] • Crear una identificación y seguimiento de roles y modelos de conducta social.” (Oliva y Villa, 2013)

Sin duda el reto se encuentra en el estudio a profundidad, no como algo extenso sino como un ejercicio que se de a diario aferrados a la dinámica que ofrece la sociedad, que afecta a la familia y que va dejando a Ley en un papel estático en una pregunta que se hacen los investigadores ¿ha logrado el Código de Infancia y Adolescencia atender, controlar, prevenir y evitar con el paso del tiempo, tan siquiera de manera mínima o gradual, el problema de la delincuencia juvenil?" (Villegas et.al, 2013) pero hay que entender este asunto de la delincuencia juvenil en Colombia, donde se entiende la Ley como una oportunidad para “la trampa”, ya que el asunto de los menores infractores no se resume al afrontamiento de la norma propia de su ciclo vital sino que trasciende a los intereses de grupos delincuenciales que ven en ellos la oportunidad perfecta para formar allí un brazo armado en el ejercicio del sicariato, de expendedores de sustancias psicoactivas y de otras tareas punibles, aprovechando una mano de obra barata y de muy bajo riesgo.

Considero elemental el abordaje de los investigadores al dar un valor importante al papel que juega la sociedad como creadora del delito (por ende del delincuente) sino en su relación con el Estado, donde “se construyen bases estructurales que permitan a un menor de edad tener mayor espectro de decisión frente a la posibilidad de cometer un ilícito" (Villegas et.al, 2013), porque la Ley parte del concepto de indefensión del menor de edad y de lo susceptible que es a ser manipulado; lo cierto es que hay familias que validan este comportamiento y en algunos casos es la única manera en la que se entiende la obtención del sustento, por medio del delito. 

De aquí parte la crítica de quienes están de acuerdo con la responsabilidad penal para todos por igual, sin importar si se es mayor o menor de edad, en el concepto en que los adolescentes son conscientes de sus actos al interiorizarlos en su contexto familiar o comunitario, conociendo las consecuencias de los mismos.

Este problema sociojurídico es inútil abordarlo como una evaluación del éxito-fracaso de la Ley 1098 de 2006, debe abordarse a partir de lo que propone el artículo pues 

“La notoria intervención de menores en conductas delictivas es un fenómeno que debe estudiarse desde diversas ópticas como la situación económica, los proceso y dinámicas tanto de marginalidad como marginalización, la carencia en oportunidades educativas, difíciles relaciones al interior de sus núcleos esenciales (familia), etc.”(Villegas et.al, 2013) 

No es posible verlo desde el universo lejano de la ley, o del planeta inexplorado de los adolescentes o del desconocido mundo de la familia; es necesario que a 10 años de su expedición debamos como investigadores dar una mirada más cercana e interrelacional entre el rol del mismo adolescente frente a la ley y el papel de la familia frente a su corresponsabilidad consagrada en el artículo 10 de dicha ley.

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REFERENCIAS

Villegas Rondón, C., Paéz González, G., Rios Marta, H., Arias Cuellar, L. y Benjumea Rodríguez, J. (2013). El Código de Infancia y Adolescencia frente al estado social de derecho: crítica a la relativización de la inimputibilidad de los menores de edad como sujetos de especial protección dentro del constitucionalismo colombiano. Diario de Campo: La investigación a la vanguardia del siglo XXI, pp.159-200.

OLIVA GOMEZ, E. y VILLA GUARDIOLA, V. (2013). Hacia un concepto interdisciplinario de la familia en la globalización. 1st ed. [ebook] Morelos, México: Justicia Juris, p.16. Disponible en: http://www.scielo.org.co/pdf/jusju/v10n1/v10n1a02.pdf [En Linea 3 Mar. 2017].