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Un sencillo análisis de la política pública basada en la Ley 1098 de 2006 en el marco del uso de enfoques cualitativos en el análisis de políticas públicas en Colombia propuesto por Roth Deubel, Martínez Porras, Ibáñez Parra, Arango Botero, y Valencia Arias investigadores de la Universidad Nacional

“Se entiende el análisis de políticas públicas como un estudio que posibilita recuperar la complejidad de las problemáticas sociales e institucionales en las reflexiones sobre ciclos y procesos de las mismas”. (Roth Deubel, et al, 2013)

Dentro de este estudio se debe hacer una reflexión epistemológica, teórica y metodológica sobre las normas jurídicas que atienden casos de amenaza, vulneración o inobservancia a los derechos de los niños, niñas y adolescentes en Colombia distando un poco de esa mirada en términos económicos en las que se formulan la mayoría de políticas públicas en Colombia a partir de un método mixto que reúna elementos cualitativos y cuantitativos.

En el análisis de la dinámica Estado-familia-cultura, tomaremos el componente del Estado dentro de la acción, pertinencia y pretensión de la ley, la cual ésta a su vez será analizada en otra triada que propone los autores en la revisión de la relación Estado-mercado-sociedad civil.

En cuanto a la relación con el mercado evidenciamos a menudo que cuando se requiere la evaluación de alguna política pública se hace en términos de “aumento de extensión de la pobreza y exclusión de grupos sociales”, lo que sirve además dar cuenta de la gestión del gobierno sólo en términos cuantitativos de desarrollo económico a través de la variedad de la cifra de la pobreza; es por ello que nos encontramos con que en estos procesos de mercantilización las políticas públicas se traducen en subsidios focalizados de carácter asistencial olvidando su carácter de ofrecer elementos de bienestar.

Este ejercicio se propone por parte de los autores como una “labor artesanal” en donde en el uso de enfoques cualitativos el analista produce argumentos evaluando pruebas, para construir a través de fuentes dispares, argumentos más informados y sofisticados que dirijan a alternativas de solución; lo que no quiere decir una verdad irrefutable sino un acercamiento a las realidades sociales en un conocimiento profundo de la realidad. Aquí es donde surge la inquietud de ¿cómo las políticas públicas en el marco de la ley 1098 de 2006 pueden ser analizadas “artesanalmente”?ya que existen en la sociedad imaginarios alrededor de la garantía de derechos sobre los NNA y de la corresponsabilidad de la misma, en donde, existe una necesidad socio-jurídica de plantear soluciones concretas para cubrir dicha necesidad en las familias colombianas.

Es por ello que el análisis de las políticas públicas en la tríada Estado-mercado-sociedad civil no es un ejercicio apartado de la triada de los corresponsables inmersos en la pregunta de investigación (Estado-familia-cultura) sino que existe una correlación pues el estado aparece en las dos, el mercado entendida como las pretensiones de un estado colombiano con el afán de dar respuesta a tratados sociales internacionales con implicaciones económicas en una dinámica capitalista y la sociedad civil quien construye la cultura a través de la familia, esto quiere decir que esta investigación debe partir de “una relación en la cual los valores de todas las partes actuantes entran a formar parte del universo de significados y afectan el conocimiento que se construye sobre la política pública” (Otálvaro y Obando, 2013).

La política pública de Infancia y Adolescencia salta a la vida pública con la característica que mencionan los autores que tiene la mayoría de políticas públicas: una intervención estatal coyuntural (porque se da como un requisito de la ONU en la Convención de los Derechos de los Niños de 1989 para los países signatarios), espontánea (si es cierto, la Ley 1098 resuelve algunos asuntos del código del menor, se da como una necesidad casi apremiante de una sociedad que cambió con la llegada del siglo XXI) y asistencial (por la falta de elementos concretos que persuadan a las familias que sólo espera programas de ayuda inmediata) la cual termina convirtiéndose en una política autoritaria, en donde, por ejemplo se vuelve rígido el Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos por parte del Defensor de Familia, o donde uno de los padres en búsqueda de un castigo hacia su ex-pareja hacen uso de la misma en una dinámica donde prevalece el castigo para el adulto y no la garantía sobre el NNA perdiéndose el sentido normativo.

Es por ello que cobra importancia este tema de investigación, toda vez que la posición durante este proceso será la de entrever cómo los resultados de la misma “puede influir en la construcción y de construcción de conceptos y teorías a cerca de lo público, lo privado, la ciudadanía, la democracia y la exclusión social, entre otros”(Otálvaro y Obando, 2013). 

Este análisis además de realizarse bajo método mixto busca apoyarse mediante la sistematización de experiencias, con el fin de “recuperar las voces heterogéneas de una experiencia, reconstruir lo sucedido, ordenar la información y la interpretación crítica de lo acontecido para extraer las tensiones y aprendizajes” (Otálvaro y Obando, 2013) tomando la información gestada durante 10 años y el contexto cultural con sus elementos participativos y de relación que se han venido transformando desde 2006 hasta hoy.

Entonces, la respuesta de ¿cómo llegar a ese análisis? en el campo de la política pública que orienta la garantía de los derechos de los NNA es la de partir desde la cultura, la cual orienta las acciones de la sociedad civil como lo indica Antanas Mockus (2003) en donde las acciones entre ciudadanos están determinadas por la regulación cultural, pues en Colombia tiende más a gobernar la cultura que la ley al seguir “códigos socioculturales adquiridos implícitamente, que llevan a identificar contextos”(Roth Deubel, et al, 2013). Bajo esta mirada podemos determinar qué esperan los destinatarios (o sea las familias) sobre la política pública y de esta manera poder armonizar “Los marcos conceptuales y metodológicos utilizados o propuestos por los diversos autores involucran tanto orientaciones teóricas y filosóficas como políticas de pertenencia cultural” (Otálvaro y Obando, 2013).

Para desarrollar el análisis por medio de los significados frente a la política pública construidos socialmente, es necesario que el ejercicio investigativo se nutra de algunos elementos del funcionalismo que desarrolla Briones (1996) cuando cita al sociólogo norteamericano Thomas Merton en su marco marco conceptual que pretende poner orden, claridad teórica y metodológica en las Ciencias Sociales, entendiendo que “Los objetos sociales y culturales que pueden ser sometidos al análisis funcional” abrazando disposiciones subjetivas que lleven a su vez a entender “los conceptos de consecuencias objetivas, es decir, las funciones y disfunciones” en el contexto de la garantía de derechos, tomando a los participantes de las mismas como “unidades sociales que son afectadas por las funciones” y notar cómo responden a ellas como “mecanismos sociales mediante los cuales se ejercitan las funciones” para desarrollar conceptos “de alternativas funcionales” y preveer “obstáculos a las funciones”; si bien las políticas públicas se desarrollan en un contexto social dinámico quiere decir que se mueven en un ”concepto de dinámica y cambio” que no pueden ser ajenas a ciertos “problemas de las implicaciones ideológicas del análisis funcional” que serían insumos para dar respuesta a la pregunta inicial.




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REFERENCIAS:


Briones, G. (1996). Epistemología de las ciencias sociales. 1era ed. Bogotá: Icfes ; Ascun.

Mockus, A. (2003). Cultura Ciudadana y Comunicación. [online] Universidad Jorge Tadeo Lozano. Disp: http://avalon.utadeo.edu.co/dependencias/publicaciones/tadeo_68/68106.pdf [ 26 Mar. 2017].

Roth Deubel, A., Martínez Porras, S., Ibáñez Parra, D., Arango Botero, D. y Valencia Arias, A. (2013). El análisis y la evaluación de las políticas públicas en la era de la participación. 1era ed. Bogotá, D.C.: Universidad Nacional de Colombia.

About Samuel Ortiz

Trabajador Social egresado de la UCMC
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