Reflexión sobre la megaminería en las zonas periféricas de Colombia

El análisis de los problemas sociales con el rigor que merece la formación en trabajo social, resulta imperativo distanciar la “opinionología” ya desgastada y entrar en el universo epistemológico entendiendo las diferentes modalidades de construcción del conocimiento en un país pluriétnico y multicultural; este ensayo pretende un abordaje de la situación de las comunidades que habitan en la periferia Colombiana olvidada históricamente por los gobiernos que han encabezado el Estado.

Las representaciones sociales tomadas como ese conjunto de relaciones sobre un objeto particular hacia una posición social y/o ambiental como lo expone Rouquette (traducido por Navarro, 2011) permite dilucidar los elementos en los que convergen en el espacio estructural de poder actual: hibridez cultural, polarización socioeconómica predominantes en América Latina (García, 2003) puntualmente en el departamento del Chocó.

Las recientes manifestaciones democráticas en las consultas realizadas a las poblaciones donde empresas multinacionales han pretendido realizar actividades de minería y de exploración sísmica han puesto en la opinión pública la discusión sobre la disyuntiva entre desarrollo económico y protección de los recursos naturales limitados con los que cuenta el país en medio de esa polarización socioeconómica antes referida por García. 

Pero la discusión sin duda puede abordarse, aunque sin necesidad iniciar el debate sobre la legalidad/ilegalidad de la actividad o de la oportunidad laboral que éstas poblaciones pierden, sino también de las consecuencias medioambientales y sociales que la mala práctica de estas actividades han llevado a las poblaciones a oponerse a ello. No se trata de un tema de regulación eficaz sino de cómo los elementos de objeto, población y contexto convergen para modificar la representación social (Navarro, 2011) sobre esta actividad en sus territorios.

En el trabajo cinematográfico “Chocó” (Antorcha Films, 2012) se evidencia cómo la minería a gran escala puede generar estragos en la población, no sólo en el uso nefasto del mercurio que desencadena malformaciones genéticas y contaminación del agua sino también de la explotación laboral a la que es sometida la población por no contar con los mínimos de garantía para llevar a cabo las tareas de exploración. Pero es importante entender los “espacios estructurales, entre los cuales se encuentran los siguientes: el espacio de la ciudadanía, el de la producción, el comunitario, el doméstico, el del mercado y el global”. (García, 2003:24)

Si entendemos el espacio doméstico, en la historia relatada observamos cómo la violencia intrafamiliar, el irrespeto y la justicia a mano propia se configura como un concepto que construye como lo indica Rouquette “factores individuales; después están las actitudes, más generales y menos cambiantes, que inspiran familias de opiniones” pasando a “las representaciones sociales que organizan varias actitudes dentro de un mismo conjunto referente a un objeto” para alcanzar un nivel ideológico cultural (Navarro, 2011). Esta transición se entiende cuando Chocó (la protagonista) permite la violencia sexual (con su pareja) y laboral (con quienes ejercen la minería a gran escala) para pasar a resolver el pago de una torta con un favor sexual (como representación económica a parte del dinero), materializándose socialmente en el momento que le hace reclamo a su esposo por tomar el dinero del hogar y es golpeada por él en frente de la comunidad, sin que nadie reaccione, normalizando el comportamiento.

Estas representaciones que se construyen al interior de las familias trasciende obligatoriamente a sistemas más amplios; el objeto particular, en este caso, sus derechos y el límite de lo que es “legal” o “prohibido” en su sistema familiar llega a permear el sistema comunitario y de esta manera produce una desestimación por parte del Estado cuando centra su preocupación en el marco jurídico solamente, como lo puntualiza García (2003:41) más bien en “una estrategia deliberada de quienes lo crean o como resultado de la incapacidad de las autoridades públicas para aplicarlo, tiende en la práctica a tener una eficacia simbólica fuerte y una eficacia instrumental débil” por lo que quizá la tarea se está haciendo al contrario; no se trata de legislación con eficacia instrumental débil sino de fortalecer la manera en que se comprende el derecho en el seno de las familias.

Guadamarra nos invita a ver el objeto de investigación “no sólo en cuanto a su origen y evolución histórica, sino en relación a los procesos epistemológicos, de su dirección, su impacto, sus peligros, su trascendencia, etc.” (2005:4), para evitar esta ineficacia o eficacia débil debe entenderse a la familia como ese sujeto que construye representaciones sobre objetos y que sea ella quien transforme en sus comunidades el constructo colectivo frente a estas prácticas de explotación, no sólo de las multinacionales sino de todos aquellos que se instalan allí pretendiendo sacar provecho de las condiciones de vulnerabilidad de éstas poblaciones.

Quizá el pecado del investigador social sea la posición en extremo de no incidir en las prácticas culturales de las poblaciones a las que estudia, pretendiendo proteger su identidad histórica y conservando sus costumbres; en el ámbito del derecho se requiere ser más incisivo ya que solamente las comunidades indígenas cuentan con su jurisdicción especial y se ha demostrado que en temas por ejemplo de afrocolombianidad, ha servido en la mayoría de casos para que sólo algunos representantes obtengan beneficios personales; apoyada por el desinterés político de la población pero con la aprobación por algunas incipientes medidas populares, por ejemplo el municipio de Buenaventura, el cual cuenta con carencias importantes de salud, educación e infraestructura destinó 4.780 millones para la ejecución del Festival Folclórico del Pacífico, en lo que se entiende que para esta población la representación social frente al gobierno local es su eficacia para la celebración de eventos culturales y no de la cobertura de necesidades básicas.

En conclusión, los esfuerzos investigativos sobre esta construcción epistemológica de las comunidades a través de las representaciones sociales deben orientarse hacia la manera de desarrollar herramientas pedagógicas que permitan a los individuos y a las familias a redefinir la idea de Derecho como lo refiere Bodenheimer (1997): “es la realización de la justicia. La justicia postula que todos los esfuerzos jurídicos se dirijan a la finalidad de lograr la armonía más perfecta de la vida social que sea posible conseguir dentro de las condiciones de lugar y tiempo.“ (9)

BIBLIOGRAFíA

Las2orillas. (2017). ¡Sí al Festival Folclórico en Buenaventura, carajo! - Las2orillas. [en línea] Disponible en: https://www.las2orillas.co/al-festival-folclorico-buenaventura-carajo/ [Acceso 14 Ago. 2017].

Bodenheimer, E. (2012). Teoría del derecho. México D.F.: Fondo de Cultura Económica.

Chocó. (2012). [película] Colombia: Jhonny Hendrix.

García Villegas, M. y Rodríguez Garavito, C. (2003). Derecho y sociedad en América Latina. Bogotá: ILSA.

Guadarrama, P. (2005). Fundamentos Filosóficos y epistemológicos de la investigación. [PDF] Santiago de Chile, Chile. Disponible en: http://www.archivochile.com/Ideas_Autores/guadarramapg/guadarramapg00012.pdf [Acceso 14 Ago. 2017].

Navarro, O. (2011). ¿Qué hay de las Representaciones Sociales?. Revista de Psicología Universidad de Antioquia, 3(1).